Diversos sitios gubernamentales y corporativos vieron hace horas como cambiaba su página principal por una leyenda que decía: “La misión de un gobierno es crear un sistema de auto-protección social para y con las familias que viven en el Estado, seguro al largo plazo, autofinanciable, de muy buena calidad y sin corrupción. Prioritariamente asegurar el futuro de la salud, educación, crédito, propiedad, pensión, vivienda. BASTA! Decimos no al impuestazo tecnológico”.
Parte del texto que se pudo leer en varios sitios gubernamentales y corporativosFoto: lanacion.com
Carlos Galligani, director general de Coordinación de Prensa del GCBA, le dijo a lanacion.com que “el ataque fue alrededor de las 20 horas de ayer, luego de intentar resolverlo rapidamente se decidió dar de baja el sitio, y después del trabajo nocturno del área de Sistemas se pudo levantar la atención telefónica, en el número 147. Alrededor de las 16 el portal debería estar funcionando normalmente”.
Así se veía este mediodía el sitio del Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresFoto: lanacion.com
El listado completo de sitios hackeados, con el reemplazo de su cara visible (defacing en la jerga) se encuentra en un portal en el que se muestra la actividad de estos grupos.
El grupo de hackers, autodenominados “Juackers”, instaban a todos sus pares a interrumpir el trabajo normal de los sitios gubernamentales: “Invitamos a todos los defacers argentinos a que se unan a nuestra protesta! Que no quede un solo gov.ar en pie”, se lee en una de las pantallas que armaron.
Fuente: Diario La Nacion.
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La reforma impositiva que provocará aumentos en bienes tecnológicos como teléfonos móviles, monitores y cámaras digitales, entre otros, avanza a paso firme y rápido en el Senado y se acerca a convertirse en ley la semana próxima.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta aprobó este jueves un dictamen sobre el proyecto de ley que aplica impuestos internos y duplica el IVA a productos tecnológicos e informáticos importados.
Así, el Senado podría discutir el jueves próximo en el recinto la iniciativa, que la Cámara de Diputados aprobó este mes, y que busca fomentar la fabricación y ensamblado de equipos electrónicos e informáticos en la provincia de Tierra del Fuego.
Según fuentes legislativas, el oficialismo tendría con el número suficiente de votos para sancionar el proyecto y convertirlo en ley.
El dictamen se aprobó pese a la oposición expresada en el debate de la comisión por representantes de las industrias radicadas en el continente, y que se consideran perjudicadas por la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso.
El proyecto aprobado por Diputados, con el respaldo del Frente para la Victoria, el radicalismo, el Movimiento Popular Neuquino y el SI, aplica impuestos internos (26%) y duplica el IVA (de 10,5% al 21%) a los productos electrónicos e informáticos importados o producidos en el continente.
Para atenuar las críticas que recibió la iniciativa, la Cámara baja exceptuó a las notebooks y netbooks fabricadas en cualquier punto del país.
El presidente de la Cámara de la Industria Fotográfica Argentina, José Russo, reclamó más tiempo a los legisladores para analizar con mayor detenimiento la propuesta.
“Esta medida sería sepultar la industria fotográfica, que recién se está recuperando de la pérdida de fuentes de trabajo provocada por el avance de la tecnología digital”, afirmó el empresario, quien dijo que el sector perdió 25.000 puestos de trabajo.
Russo se manifestó en desacuerdo con la norma y sostuvo que el país cuenta con tecnología “para ensamblar equipos, pero no para fabricar cámaras fotográficas”.
El titular de la Comisión de Presupuesto del Senado, el oficialista Fabián Ríos, replicó las críticas de Russo: “Vamos a acompañar el proyecto. La industria fotográfica destruyó puestos de trabajo por el avance de la tecnología, pero no por los impuestos o porque los productos se fabriquen en Tierra del Fuego”.
A pedido del senador radical Gerardo Morales, la comisión accedió a invitar a funcionarios del área de Industria para que se pronuncien sobre el tema. El encuentro se realizará el próximo miércoles, un día antes de que el proyecto se trate posiblemente en el recinto.
El senador radical por Mendoza Ernesto Sanz rechazó el proyecto al señalar que “hay otras maneras de ayudar a los fabricantes, sin gravar insumos que impactarán en forma negativa y ampliará la brecha tecnológica”.
Según el legislador, la medida “atenta contra la actividad comercial y sobre la gente. Diputados le dio media sanción, pero yo planteo que el Senado no lo apruebe. Estamos en contra, porque hay otras maneras de ayudar a los fabricantes, sin gravar insumos que impactarán en forma negativa y ampliará la brecha tecnológica”.
La iniciativa del Poder Ejecutivo está acompañada de un decreto que beneficia a Tierra del Fuego con una baja en los impuestos internos a todos los productos fabricados en la isla. El objetivo de la norma radica en promocionar la industria fueguina y darle un respaldo económico a la gobernadora Fabiana Ríos, sacudida en estos días por un paro general estatales, docentes, judiciales y enfermeros.
Este decreto entraría en vigencia a fines de agosto, una vez que el aumento de los impuestos internos en el continente sea ley.
Rechazo de CICOMRA
Mientras en el Senado el “impuestazo” tecnológico avanzaba en los debates de comisión, la Cámara de Informática y Comunicaciones (CICOMRA) insistió en su “total desacuerdo” con el proyecto de ley.
“El avance de este proyecto, que ya logró media sanción en Diputados y está próximo a discutirse en el Senado, provocaría un aumento en los precios de los productos tecnológicos de hasta 34 por ciento, ya que duplica en algunos de ellos la alícuota del IVA que se les aplica, además de fijar impuestos internos por considerarlos bienes suntuarios”, subrayó CICOMRA.
“Debemos preguntarnos: ¿Es un lujo tener celular en la Argentina?”, puntualizó la Cámara a través de un comunicado, donde señaló que “el esquema impositivo que se pretende aplicar a los teléfonos celulares, monitores LCD y otros productos tecnológicos, es el mismo que se aplica a productos de lujo, tales como yates, barcos, aviones y perfumes importados”.
Así, alertó que “lo propuesto se convierte en un impuestazo absolutamente regresivo que afectará a los que menos tienen”.
La entidad afirmó que “los productos informáticos y de telecomunicaciones constituyen hoy herramientas fundamentales para todos los sectores de la economía y de la sociedad”.
Destacó que “el Gobierno ha interpretado esta influencia positiva de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones en la sociedad y ha encarado numerosos programas para alentar y difundir el uso”.
“Por ello, sorprende que se impulse esta medida, que plantearía un retroceso en el avance logrado”, sostuvo CICOMRA.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el presidente de CICOMRA, Norberto Capellán, indicó que de convertirse en ley “se provocaría un aumento en los precios de los productos tecnológicos de hasta un 34 por ciento”.
“En algunos de estos productos se duplica la alícuota del IVA que se les aplica además de fijar impuestos internos por considerarlos bienes suntuarios”, criticó.
Críticas de ensambladores Luego de la decisión del grupo de trabajo de la Cámara alta, otra entidad empresaria, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA), advirtió que la propuesta “tendrá un impacto directo en el costo de los productos informáticos, principalmente en los monitores para computadoras y, por ende, en el precio final de las PC”.
Frente a este escenario, todas las empresas nucleadas en esta cámara manifestaron su “oposición al proyecto, ya que no satisface el espíritu del Gobierno nacional del proteger a la industria nacional en su conjunto. Se está beneficiando a las empresas radicadas en Tierra del Fuego en detrimento de las fábricas ya existentes en el continente”.
Desde CAMOCA insistieron que “si el proyecto se aprueba tal cual está, se pondrá en serio riesgo la fuente de trabajo de miles de empleados –directos e indirectos- que en la actualidad se desempeñan en pequeñas y medianas empresas fabricantes de PC”. Y prometieron que continuará trabajando en el Senado “en pos del desarrollo de una industria nacional y federal de bienes informáticos”.
Fuente: César Dergarabedian - iProfesional.com
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Mientras el “impuestazo” tecnológico, el proyecto de ley por el cual se gravan con tributos externos y el IVA a monitores, teléfonos móviles y otros artículos electrónicos e informáticos, espera el inicio de su tratamiento en el Senado, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, fabricantes de computadoras locales que se encuentran fuera de Tierra del Fuego, la provincia beneficiada por la iniciativa, anunciaron que buscarán avanzar en una ley del hardware.
Según contaron a iProfesional.com voceros de la Cámara Argentina de Maquinarias de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA), que agrupa a los fabricantes y ensambladores del continente, la idea es replicar lo que ocurrió con las motos.
En el caso de las motocicletas, se busca beneficiar a aquellas compañías que incorporan cada vez más partes nacionales a la producción local.
La meta de los fabricantes de computadoras es llevar ideas e iniciativas del mismo tono, que sirvan de base para el texto de una ley de hardware.
El objetivo es conseguir beneficios para las compañías argentinas, sin importar dónde se encuentra radicada, y bajar los precios de las computadoras para el mercado local.
Aunque las empresas que están fuera del Tierra del Fuego consiguieron la modificación del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que en un principio incluía a las notebooks y netbooks dentro de los bienes alcanzados por el proyecto, y que luego quedaron excluidas del impuestazo, igualmente manifestaron su disconformidad.
Sucede que las pantallas de las computadoras que no se fabrican en la provincia austral serán gravadas con el IVA y otros impuestos, por lo que se encarecerían alrededor de un 30 por ciento.
Este incremento pegará de lleno en el valor total de una computadora de escritorio, una configuración que también se desarrolla en el continente.
Desde CAMOCA aseguran que irán al Senado por la exclusión de los monitores del impuestazo y adelantaron que llevarán la idea de la ley del hardware.
El caso brasileño
En rigor de verdad, los fabricantes trabajaban con la Secretaría de Industria en este proyecto de ley de hardware. Una de las ideas que se había barajado era que los compradores de partes argentinas obtuvieran un crédito fiscal del 30%, para beneficiar a las compañías integradoras más chicas.
En los borradores de este proyecto se refleja la idea de legislar en forma parecida a lo hecho por Brasil hace unas dos décadas, que favoreció el desarrollo integral de la industrial del hardware en ese país, sin concentrarlo exclusivamente en Manaos, la capital de la Amazonia.
En el país vecino se fabrican unas 11 millones de computadoras al año, que incluyen placas madre, memorias y otras partes que constituyen la PC con el sello Made in Brasil.
Desde CAMOCA dijeron a iProfesional.com que la idea es presentar “una alternativa superadora al actual proyecto, que permitirá alcanzar los objetivos promovidos por el Gobierno de generar nuevos puestos de trabajo y mayor riqueza para todos los argentinos”.
Gustavo Vilches, de SICA Oliveti y miembro de CAMOCA, recordó que las compañías que se encuentran fuera de Tierra del Fuego crecieron sin ayudas estatales o subsidios, y lograron crear una industria “que captó el 87% del mercado de PCs y el 27% del de notebooks (cifras de la consultora IDC del primer cuatrimestre de 2009) logrando la integración hacia atrás en la cadena de valor (produciendo memorias RAM y Flash), conformada por 427 empresas radicadas en 21 provincias argentinas que generan 6.700 empleos en forma directa y 18.000 empleos en forma indirecta”.
El empresario también propuso que al trabajo de los legisladores deben sumarse los aportes del sector académico y de las cámaras sectoriales.
Otros productos en la picota Pero el proyecto de ley involucra, además de los monitores, a otros productos como los celulares, los sistemas de posicionamiento geográfico por satélite (GPS), los contestadores telefónicos, cualquier equipo grabador o reproductor de sonido y hasta los calefactores.
Desde la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra) lanzaron una campaña para expresar su oposición a la propuesta aprobada en Diputados.
“El avance de este proyecto, que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados y está próximo a discutirse en el Senado, provocaría un aumento en los precios de los productos tecnológicos de hasta un 34%, ya que duplica en algunos de ellos la alícuota del IVA que se les aplica, además de fijar impuestos internos por considerarlos bienes suntuarios. Debemos preguntarnos ¿Es un lujo tener celular en la Argentina?”, explicaron desde la entidad a través de un comunicado.
Desde la cámara aseguran que “los productos informáticos y de telecomunicaciones constituyen hoy herramientas fundamentales para todos los sectores de la economía y de la sociedad. Los usan las Pyme, los estudiantes, los trabajadores, los emprendedores, los jóvenes, las familias de todo nivel social. Permiten comunicarse fluidamente, establecer redes sociales y de seguridad, incrementar la productividad, la competitividad”.
Iniciativa polémica La iniciativa enviada por el Gobierno nacional eleva la tasa del IVA del 10,5% al 21% para bienes tecnológicos, junto a otros productos electrónicos y electrodomésticos.
La propuesta oficial se agrega a un decreto, el 252/2009, que otorga una reducción en la aplicación de impuestos internos a productos eléctricos y electrónicos fabricados, o a fabricarse, en Tierra del Fuego del 61,47 por ciento.
Esta medida debía regir a partir del 1 de julio de 2009, pero la demora en el debate parlamentario obligó a postergarla hasta el 1 de septiembre, también mediante otro decreto, el 784/2009.
El proyecto de ley considerará a los monitores LCD, las cámaras digitales y los teléfonos móviles, entre otros productos, como artículos “suntuarios”. Además del incremento en la alícuota del IVA, sufrirían la quita de otros beneficios a la importación.
Alcanza con Impuestos Internos a una serie de bienes eléctricos y electrónicos de uso común, entre ellos monitores LCD, teléfonos celulares y todo equipo de electrónica o informático que pesen menos de 10 kilos. También duplica la alícuota en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para estos dispositivos.
La iniciativa justifica los cambios en la necesidad de que “quienes mas poseen colaboren en mayor medida (…) para enfrentar la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético, de manera tal de incentivar el uso racional de la energía”. Fuente: César Dergarabedian iProfesional.com
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En un día que marca un grave retroceso para el país, la Cámara baja aprobó una mayor carga impositiva para un amplio abanico de productos electrónicos. Con el objetivo de moderar la fuerte polémica que se desató en torno al proyecto, fueron excluidas las computadoras personales
El polémico proyecto del “impuestazo” tecnológico, que dividió fuertemente las aguas entre fabricantes, ensambladores e importadores, finalmente dio su primer paso este miércoles por la noche al ser aprobado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa -que obtuvo un amplio margen, al recibir 136 votos a favor y 61 en contra-, contó con el respaldo del Frente para la Victoria, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Solidaridad e Igualdad (SI), en tanto que el PRO, la UCR y la Coalición Cívica se opusieron.
El proyecto contempla que los productos electrónicos que no se produzcan en Tierra del Fuego -como celulares, cámaras digitales y moniotores LCD, entre otros-
sufran un aumento del Impuesto al Valor Agregado, cuya alícuota pasará del 10,5 al 21 por ciento.
En cambio, en medio del fuerte debate que se generó en las últimas horas, los legisladores decidieron que notebooks y netbooks queden fuera del alcance de la medida.
Como contrapartida, se otorga una reducción en la aplicación de impuestos internos a los bienes fabricados o a fabricarse en esa provincia del orden del 61,47 por ciento.
Los empresarios instalados en Tierra del Fuego aseguran que, a partir de que se apruebe el proyecto, realizarán inversiones por u$s40 millones para dinamizar la producción nacional. Sin embargo, la oposición
considera que es insuficiente y que “no puede hacer frente al 100% de la demanda.
Un proyecto con muchas dudas
El macrista Esteban Bullrich fue uno de los más duros contra la iniciativa. Señaló que significará “un aumento del costo para aquellos argentinos que consumen tecnología” y generará “una brecha digital”, ya que está “trabando el ingreso de tecnología”.
También, sostuvo que no queda claro si se trata de una ley de promoción industrial o de una “ley para mayores recursos para el fisco” y reseñó diez ítems del presupuesto nacional de los cuales se puede sacar recursos “para darle $500 millones para Tierra del Fuego”.
El radical Rubén Lanceta cuestionó la propuesta, aunque al igual que el ARI (partido al que pertenece la Gobernadora fueguina, Fabiana Ríos) resolvió abstenerse.
A su vez, la legisladora fueguina Nélida Belous (que integra el bloque SI) criticó a quienes se opusieron al proyecto y que a cambio proponían “un subsidio para que los trabajadores se queden sentados en su casas” y apuntó que ”
la ley es el puntapié inicial para que haya una industria electrónica de nuestro país comience a avanzar”.
El peronista disidente Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque con el argumento de que “cuando se aplica un subsidio el resultado debe ser el bienestar general y en este caos se trata de una pérdida del bienestar general”.
El jefe del bloque del PRO, Federico Pinedo, señaló: “Estamos en contra de este proyecto cuyo resultado es que millones de argentinos paguen entre un 30 y un 40% más caros los celulares que son una herramienta de trabajo de la gente”; y concluyó que “una vez más la mayoría de los argentinos pagan los platos rotos por las malas políticas del gobierno”
El peronista kirchnerista santafesino Gustavo Marconato defendió la iniciativa en la necesidad de “salvar asimetrías con otros países del Mercosur” en lo que hace a las importaciones y “abrir camino para la radicación de nuevas empresas”.
Con la presencia de la propia gobernadora Ríos en el recinto, Marconato, titular de la comisión de Presupuesto, aseguró que se trata de “un proyecto de sustitución de importaciones, fomento a la industria y conservación de puestos de trabajo para mejorar una situación que en la época de los 90 nos trajo el quebranto de muchísimas empresas”.
Celulares, cámaras y artículos electrónicos más caros
El proyecto, en caso que sea finalmente sancionado por el Congreso impactará, especialmente, en el mercado de la telefonía móvil, que a pesar de la crisis mantiene apreciables tasas de crecimiento.
Según el último informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), la telefonía celular aumentó casi un 15% por ciento en el primer semestre del año respecto del mismo período de 2008. La cantidad de líneas habilitadas en el país creció 6%, al alcanzar las 49,2 millones.
Los precios de los celulares, GPS, cámaras digitales y otros artículos electrónicos aumentarán más de un 30%, si se aprueba finalmente el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional.
La iniciativa oficial se agrega a un decreto, el 252/2009, que otorga una reducción en la aplicación de impuestos internos a productos eléctricos y electrónicos fabricados, o a fabricarse, en Tierra del Fuego del 61,47 por ciento.
El proyecto -cuyo texto completo original, sin los cambios aprobados el miércoles en Diputados, puede descargar en formato .pdf aquí-, logró generar el rechazo de un amplio abanico de compañías fabricantes y ensambladores de computadoras y empresas de telecomunicaciones, que advirtieron que el aumento de la carga impositiva impactará directamente a este sector, que fabrica 1,5 millón de computadoras y emplea en forma directa a 5.600 personas.
Los cambios impositivos lograron esta singular concordancia de intereses entre las cámaras sectoriales que agrupan a las empresas de base tecnológica.
Desde la consultora Frost & Sullivan estiman que para los próximos 5 años, la expectativa es que los ingresos del mercado de servicios de telefonía móvil crezcan de $ 7.061 millones a $ 10.225 millones en 2014, con una tasa anual promedio del 6,4%. El crecimiento se basará en servicios avanzados como aplicativos de correo, localización, TV móvil y banda ancha 3G.
Sin embargo, para que ocurra esto es necesario que crezca la proporción de teléfonos inteligentes como los Blackberry y el iPhone, que hoy no llegan al 5% del total.
Rechazo de fabricantes
Pese a las modificaciones que tuvo el proyecto, que beneficiaron a las notebooks y netbooks, los ensambladores de computadoras agrupados en la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) rechazaron la aprobación de la Cámara baja, por entender que la iniciativa “no garantiza” el desarrollo de “una industria nacional y federal de bienes informáticos”.
En un comunicado, la entidad recordó que las compañías que la integran “sin ningún tipo de ayuda estatal ni subsidios” desarrollaron “una industria que captó el 87% del mercado de PC y el 27% del mercado de notebooks (según cifras de la consultora IDC del primer cuatrimestre de 2009), logrando la integración hacia atrás en la cadena de valor, produciendo memorias RAM y Flash”.
Camoca, que está conformada por 427 empresas radicadas en 21 provincias argentinas que generan 6.700 empleos en forma directa y 18.000 empleos en forma indirecta, anunció que seguirá dando el debate en el Senado. Fuente: César Dergarabedian – iProfesional.com
Los precios de las computadoras portátiles aumentarán más de un 30% y las de escritorio un 13%, si el Congreso aprueba un proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional que eleva la tasa del IVA del 10,5% al 21% para bienes tecnológicos como notebooks y monitores, junto a otros productos electrónicos y electrodomésticos.
La iniciativa oficial se agrega a un decreto, el 252/2009, que otorga una reducción en la aplicación de impuestos internos a productos eléctricos y electrónicos fabricados, o a fabricarse, en Tierra del Fuego del 61,47 por ciento.
Esta medida debía regir a partir del 1 de julio de 2009, pero la demora en el debate parlamentario obligó a postergarla hasta el 1 de septiembre, también mediante otro decreto, el 784/2009.
El proyecto -cuyo texto completo puede descargar en formato .pdf aquí-, figura en el orden del día de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, donde ya cuenta con un dictamen favorable de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tiene el respaldo de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner (ver más abajo en este informe); la ministra de la Producción, Débora Giorgi; y las autoridades, empresarios y sindicalistas de Tierra del Fuego. La posibilidad de debatir estos cambios impositivos en el recinto se resolverá al mediodía en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara baja.
Sin embargo, la iniciativa logró generar el rechazo de un amplio abanico de compañías fabricantes y ensambladores de computadoras y empresas de telecomunicaciones, que advirtieron que el aumento de la carga impositiva impactará directamente a este sector, que fabrica 1,5 millón de computadoras y emplea en forma directa a 5.600 personas.
Los cambios impositivos lograron esta singular concordia de intereses entre las cámaras sectoriales que agrupan a las empresas de base tecnológica.
Propuesta polémica El proyecto de ley considerará a las computadoras portátiles, los monitores LCD, las cámaras digitales y los teléfonos móviles, entre otros productos, como artículos “suntuarios”. Además del incremento en la alícuota del IVA, sufrirían la quita de otros beneficios a la importación.Alcanza con Impuestos Internos a una serie de bienes eléctricos y electrónicos de uso común, entre ellos notebooks y netbooks, monitores LCD, teléfonos celulares y todo equipo de electrónica o informático que pesen menos de 10 kilos. También duplica la alícuota en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para estos dispositivos.
La iniciativa, que si se aprueba en Diputados pasará al Senado, justifica los cambios en la necesidad de que “quienes mas poseen colaboren en mayor medida (…) para enfrentar la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético, de manera tal de incentivar el uso racional de la energía”.
Debate parlamentario La propuesta fue despachada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el 13 de mayo. En ese encuentro se emitieron dos dictámenes: el de mayoría (firmado por el oficialismo más diputados aliados) y el de minoría (firmado por dos diputados del PRO).El proyecto cuenta con “orden del día” y un pedido de preferencia para ser considerado este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados, la primera luego de las elecciones legislativas del 28 de junio pasado.
Más allá de que para esta sesión se esperan otros temas de gran relevancia relativos a la producción agropecuaria, el oficialismo asumió en público el compromiso de tratar el proyecto.
En cuanto al respaldo que cosecha la propuesta impositiva, el bloque kirchnerista estaría dispuesto a acompañar la iniciativa del Gobierno, que además contará con el respaldo de la UCR, Solidaridad e Igualdad (SI), la Coalición Cívica y el Proyecto Sur.
El bloque del Partido Socialista intentará introducir algunas modificaciones relativas a los productos considerados en el proyecto. El que ocasiona mayor debate es el referido a las notebooks.
El argumento principal es que la mayoría de las computadoras portátiles se producen en el extranjero y, por lo tanto, no sería relevante incorporarlas en el cuerpo de la norma. Si esta propuesta es planteada, sería apoyada por el resto de los bloques menores.
¿Se vienen los cambios? La diputada socialista por Santa Fé, Silvia Ausburger, dijo a iProfesional.com que no votará el dictamen de mayoría tal como está. La legisladora apuntó que si la iniciativa se aprueba, atentaría contra la política de estímulo a las inversiones en su provincia, y provocaría la pérdida de puestos de trabajo. “No acordaremos la aprobación del proyecto en esos términos”, agregó la diputada.
El presidente de la comisión de Presupuesto, el oficialista Gustavo Marconato, y la fueguina Rosana Bertone, trabajaron durante las últimas horas en la redacción de modificaciones. Estos cambios, una vez que se acuerden con el Poder Ejecutivo nacional y otras fuerzas parlamentarias, serían llevados para su discusión en el recinto, para asegurar el mayor consenso posible para la aprobación de la norma.
La oposición por parte del PRO es la más rígida e inflexible. El despacho de minoría firmado por este bloque no propone modificaciones al proyecto original sino directamente su archivo.
“Poner impuestos que encarecen la compra de herramientas de acceso a Internet es un atentado contra los más pobres, porque la Web es la principal herramienta de igualdad de oportunidades de la actualidad”, expresó a iProfesional.com el jefe de bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo.
El legislador opositor explicó que no se justifica vender más caros los celulares con los que hablan millones de argentinos, para beneficiar a operarios que ganan un salario que llega a ser 4 o 5 veces el sueldo mínimo de la Argentina.
El argumento de la fuerza de Macri es que la medida va a contramano de lo que hace el resto del mundo, es decir, abaratar los costos tecnológicos para mejorar la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. “Nos parece bien apoyar la industria, pero estas políticas deben ser sustentables en el tiempo y no perjudicar a los consumidores”, concluyó Pinedo.
Más allá del rechazo del bloque macrista, los números previos están a favor de la iniciativa, cuyo apoyo se espera que alcance cómodamente la mayoría requerida.
Rechazo de las “telcos” Desde Cicomra, la cámara que agrupa a los operadores de servicios de telecomunicaciones y filiales locales de fabricantes de computadoras y teléfonos móviles, no dudaron en calificar al proyecto como “muy inconveniente” para el desarrollo tecnológico del país.
“Es un retroceso de los progresos alcanzados y tendrá un impacto negativo en la adopción de estas tecnologías de la información y la comunicación”, dijo a iProfesional.com Norberto Capellán, presidente de esta entidad.
El empresario rechazó uno de los fundamentos de la propuesta oficial, que califica de bienes suntuarios a los celulares, cuando estos dispositivos “llegaron a todas las capas sociales y son el principal servicio tecnológico usado por la población de bajos recursos y, en muchos casos, es el único medio de comunicación”.
En el contexto de un mercado donde proveedores de telecomunicaciones y fabricantes de celulares apuestan por el recambio del parque telefónico móvil, Capellán afirmó que “este proyecto es regresivo porque establece una barrera para la renovación de estos elementos”.
El titular de Cicomra apuntó que en el marco de la crisis económica mundial, otros países “hacen lo contrario que acá y fomentan estas tecnologías. Por esto, nos parece muy poco razonable estar insistiendo con esto”.
Por ejemplo, recordó que en Turquía se redujo el IVA a los productos tecnológicos; en Australia se devuelven impuestos por compra e instalación de PC; en Portugal se subsidia la compra de PC conectadas a la banda ancha; y en China se reembolsa el 13% para la compra de computadoras y electrodomésticos.
En cuanto a la posibilidad de que el proyecto se modifique en el recinto para beneficiar a las notebooks, denunció que se demostraría con esas modificaciones que se trata “de algo que no se ha pensado, no se ha sopesado”.
En ese sentido, propuso “repensar todo el proyecto, con una discusión mucho mas amplia que considere los intereses de todos los sectores: usuarios, fabricante, desarrolladores y operadores”.
Dura oposición de los fabricantes Pero quienes ejercen la más férrea oposición al proyecto son los ensambladores de computadoras agrupados en la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca).Esta entidad, que nuclea a los fabricantes que no están radicados en Tierra del Fuego, denunció que en realidad lo que se busca es favorecer la producción y ensamblado en la provincia, distrito donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció a fines de abril su intención de que se transforme en un polo de zona franca como el brasileño de Manaos.
En declaraciones a iProfesional.com, Gustavo Vilches, de la compañía Sicsa, que fabrica las computadoras Olivetti en el país y es presidente de la subcomisión de informática de CAMOCA, afirmó que “la ley no puede sancionarse tal como está”. Aquí, parte de la entrevista con este empresario:
Vilches justificó la dura oposición del sector en la necesidad de luchar por “la preservación de una industria nacional de bienes informáticos de carácter federal, de los 6.500 puestos de trabajo que generan las empresas instaladas en 21 provincias del país, y el acceso a estos bienes para toda la población, evitando que el impuestazo propuesto aumente significativamente el precio final”.
La posición del gigante de los chips Intel, el mayor productor mundial de chips, también manifestó su rechazo al proyecto a través de gerente general para el Cono Sur, Esteban Galuzzi, quien no dudó en calificarlo de “inadecuado”. “No creemos que el camino para que se desarrolle una industria nacional sea por el lado de castigar al consumo”, dijo el ejecutivo.
“No hay país en el mundo que desincentive la adopción de tecnología”, advirtió Galuzzi, quien estimó que si se aprueba el proyecto se repetirá una escena que observó en diciembre de 2002. En ese mes, casi un año después de la devaluación del peso, comparó un aviso de venta de PC de la cadena de electrodomésticos Frávega con uno del mismo mes pero de 2001. “Había un 40% de aumento en los precios y habían bajado los niveles de la tecnología”, señaló en un reciente encuentro con ensambladores locales de PC.
El hombre de Intel en la región también confió en que los diputados nacionales no votarán la iniciativa porque “es un impuestazo a la clase media que compra estos productos y reduce los puestos de trabajo en todas las provincias”.
Cámaras digitales Comerciantes e importadores de equipos fotográficos rechazaron la iniciativa porque provocaría aumentos del 25% en los precios de las cámaras digitales y una fuerte reducción en la actividad del sector.
“En el caso de las cámaras fotográficas no solo no mejora la balanza comercial del país sino que la empeora, ya que generalmente el costo del kit de partes con el cual se ensamblaría el producto en el país, se importaría a valores mayores a los que hoy se importa el producto terminado”, expresó la gerente de la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica (Cacieife), Gabriela Molina.
En el mediano plazo, estas medidas intentan generar “sustitución de importaciones por importaciones” y ensamble en Tierra del Fuego, creando unos 100 nuevos puestos de trabajo a un alto costo fiscal estimado en 116.000 dólares anuales por empleado, que “sufrirán todos los contribuyentes, que a su vez deberán pagar más caros los productos que compren”.
“Este beneficio impactará de manera negativa en los importadores radicados en la Provincia de Buenos Aires o la Capital, y su red de comercios al público, hoy grandes empleadores que verán muy afectado su negocio estimando una pérdida de 500 puestos de trabajo, que supera ampliamente las aspiraciones de nuevos empleos en Tierra del Fuego”, advirtió la cámara. Bendición presidencial La presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió en público el proyecto de ley antes de las elecciones del 28 de junio y salió también a cuestionar a los sectores empresarios que rechazan la iniciativa.
“¿Saben cuánto importamos en materia electrónica en la Argentina? Es decir, trajimos trabajo por 6 mil millones de dólares“, dijo el 22 de mayo la Presidenta, quien comparó ese monto con los pagos que deben realizarse por los bonos Boden.
“Imagínense si esos 6 mil millones de dólares se hubieran fabricado aquí en laptops, en celulares, PC de mesas. Cuánto trabajo calificado para argentinos habría y cuántas divisas”, afirmó la jefa de Estado. “Se estaría cubriendo el vencimiento del Boden 12 de este año, del año que viene y del 2011″, resaltó.
La mandataria destacó que “el Estado es el instrumento más apropiado para que, en épocas de crisis como la actual, podamos intervenir y sustituir a un mercado que se derrumbó para apuntalar la producción”. “De todas las crisis pueden salir oportunidades y aprovechar para comenzar un proceso de sustitución de importaciones”, continuó la jefa de Estado, quien defendió el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento “para desarrollar como polo electrónico nacional a Tierra del Fuego“.
Aquí, un video de la visita presidencial el 28 de abril de 2009 a la fábrica fueguina de la empresa NewSan, donde defendió el proyecto ante sus propios beneficiarios:
Rechazo internacional El proyecto sumó también en contra a un jugador de peso internacional: la Asociación GSM, institución que representa a más de 750 operadores móviles en todo el mundo que proveen servicios móviles a más de 3.500 millones de usuarios.
“Estas medidas van a afectar claramente a casi todos los consumidores de servicios de telecomunicaciones de todo el país, que ya superan los 43 millones de conexiones, ya que solo el 2% de los terminales móviles provienen de Tierra del Fuego. Esto es, 98% de los terminales móviles verán un aumento de precio que reducirá las posibilidades de la gente a acceder a estos servicios afectando el consumo y la economía en general”, resaltaron desde la entidad.
Apoyo austral En Tierra del Fuego, la única provincia beneficiada por el proyecto de ley y el decreto del Poder Ejecutivo, el respaldo a la iniciativa es unánime. La gobernadora de la provincia patagónica, Fabiana Ríos, destacó que los bloques de la Cámara baja “se mostraron predispuestos a votar favorablemente la Ley en general, por lo que no debiera haber ningún inconveniente para su sanción en Diputados”.
“No pedimos privilegios para Tierra del Fuego sino el justo tratamiento para el desarrollo de un polo industrial“, sostuvo.
Pero los más acérrimos defensores de la propuesta son las empresas radicadas en las ciudades de Río Grande y Ushuaia. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte) sostienen que la implementación del marco permitirá consolidar un clúster de producción en Tierra del Fuego y, en simultáneo, asegurará la sustitución de importaciones por desarrollos diseñados a nivel local.
“Lo que se propone es que las cosas sean semejantes a Manaos, en Brasil, que diferencia el impuesto interno según donde esté o se haga el producto. No es lo mismo Manaos que el resto de Brasil o lo que llega importado”, aseguró Alejandro Mayoral, presidente de Afarte.
En diálogo con iProfesional.com, el empresario destacó las bondades de promover la fabricación en la Argentina en desmedro de la compra de equipamiento importado.
“Con la ley se fijará un impuesto interno que desalentará la importación y que, a partir de ahí, otorgará beneficios como la creación de hasta 2.000 puestos de trabajo e inversiones cercanas a los u$s40 millones por parte de las empresas”, dijo.
¿Por qué cree que el proyecto de ley despertó tanta resistencia? Mayoral dio su visión de los hechos: “Ha habido una desinformación deliberada en defensa del interés importador. No habrá pérdidas de miles de puestos de trabajo como se dijo. Eso lo dicen los que ensamblan notebooks y dicen que generan 1.000 empleos cuando en realidad apenas si tienen 10 operarios”.
Para el ejecutivo, la experiencia de la zona brasileña de Manaos habla por sí sola de los buenos resultados que originará la aprobación del denominado “impuestazo tecnológico”.
“En Brasil funciona perfectamente. Y a los que dicen que aumentarán los precios basta ver el ejemplo de los televisores LCD, que ya pagan un impuesto interno y de un año a esta parte redujeron sus valores hasta casi la mitad”, ejemplificó.
Respaldo sindical El proyecto de ley cuenta con el aval de los gremios. Desde la seccional fueguina de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sostienen que la medida representa, en principio, “una defensa de la industria nacional”. Y que su puesta en vigencia garantizará desde la reincorporación de obreros cesantes hasta la creación de nuevos puestos de trabajo.
“La electrónica representa en la actualidad alrededor de 3.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Buscamos que esa cifra se pueda subir todo lo que pueda. Acá se pueden ensamblar notebooks, más equipamiento de audio y DVD, y otros productos que hoy se importan. Sin dudas, se podrá sumar mucha más mano de obra local”, comentó a iProfesional.com Normando López, secretario adjunto de la UOM Tierra del Fuego.
“En Tierra del Fuego hay 1.800 trabajadores fuera del sistema por la baja en las ventas y el achique a nivel producción. Con la ley se los podría volver a tomar y, si se da como se espera, incluso llamar a nueva gente”, concluyó.
Fuente: César Dergarabedian, Daniela San Giovanni y Patricio Eleisegui - iProfesional.com
La reforma impositiva que provocará aumentos en bienes tecnológicos como teléfonos móviles, monitores y cámaras digitales, entre otros, avanza a paso firme y rápido en el Senado y se acerca a convertirse en ley la semana próxima.
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