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En el día de ayer se aprobo en Argentina una ley que venia dando vueltas en las camara de diputados y senadores.

La ley prevee eliminar la exención de impuestos internos (26%) y duplica el IVA (del 10.5% al 21%) a un listado de productos electrónicos e informáticos que no se fabriquen o ensamblen en Tierra del Fuego, entre ellos, celulares, cámaras de fotos digitales y de video, equipos de GPS, monitores, heladeras y congeladores, calentadores y estufas eléctricas, televisores y microondas. Lo que resultaria en subas de hasta un 35% en estos productos.

En un principio se pensaba que las notebooks y computadoras de escritorio también se iban a ver afectadas por esta norma, pero según aclaró la ministra de Industria y Turismo, Debora Giorgi al diario La Nacion, estos ultimos no estárían alcanzados por la medida como se creía.

Puedo entender que quieran fomentar la creación de puestos de trabajo en el polo tecnologico de tierra del fuego, y que quieran promover la industria local de articulos electronicos. Pero me parece un mal camino hacerlo subiendo los impuestos a todos los articulos de excelente calidad que vienen del exterior.

Creer que la Argentina es capaz de producir un telefono móvil de ultima generacion como el Nokia N97 o un Iphone es realmente una utopía, y es vergonozoso que los senadores y diputados Kirchneristas no hayan visto esto.

¿Acaso no deberian darles más beneficios impositivos a estas empresas en vez de subir todo el resto?

¿O estamos viendo una nueva ley que favorece a un sector (Tierra del Fuego), porque les deben algun favor?
La verdad. No me sorprendería en la Argentina. Más aun cuando los unicos beneficiados son los de la región antes mencionada, dejando de lado a todas las otras empresas que fabrican en la Argentina articulos electronicos y se van a ver en gran desventaja gracias a esta nueva norma.

Esta ley, informalmente llamada “impuestazo tecnologico” no hace más que castigar a las personas que quieren comprar un producto de mejor calidad solo por este hecho. Y estoy seguro que afectará a miles de comercios y empleos más que los que se beneficiarían con esta norma, dado que las ventas disminuirán y por consiguiente las empresas deberan comenzar a reducir costos y entre ellos empleados.
La Cámara de Informática y Telecomunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), se perderían hasta 180.000 puestos de trabajo.

La Argentina cada vez tiene un tinte más comunista (control de medios, postura soberbia nacional y en el exterior, suba de impuestos al reves, etc.)  y estoy seguro que no es el camino que el pueblo quiere que se siga.

Los politicos (cada día más corruptos) se olvidan que están en el poder para realizar una ADMINISTRACION de los fondos y recursos publicos, y no para realizar acomodos y favores politicos. El día que se den cuenta de esto y podamos reducir en al menos un 50% la corrupción en la Argentina, vamos a ver promulgadas leyes que realmente tengan logica y que no atenten contra el sentido común.

Actualización: Se pued acceder al texto completo de la ley en este link.

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El proyecto de ley que impulsa la suba de impuestos a distintos productos tecnológicos formó parte de la agenda del Senado del día de hoy. Pese a esto a las 16:30 el oficialismo no había logrado el quórum necesario y minutos antes de las 17 voceros del diputado del PRO Esteban Bullrich le confirmaron a lanacion.com que se levantaba la sesión. .

Luego de que ayer se pusiera en duda el avance del proyecto por la falta de firmas necesarias para lograr el dictamen, fuentes parlamentarias del oficialismo y de la oposición le dijeron a lanacion.com que se consiguieron las ocho firmas necesarias para enviar el documento a la Cámara. El debate se reabriría el jueves de la semana que viene. 

Firmaron en disidencia Guillermo Jenefes (Jujuy) y Marcelo Guinle (Chubut) . Esto permitió las ocho rúbricas necesarias para que el proyecto de ley llegue al recinto. Ya contaba con el visto bueno previo de Fabián Ríos (Corrientes), José Mayans (Formosa), José Pampuro y Eric Calcagno (Buenos Aires), Nanci Parrilli (Neuquén) y Blanca Osuna (Entre Ríos).

Minutos después de las diez de la mañana, la Comisión le abrió la puerta a la Camara de Informatica y Comunicaciones de la Republica Argentina (CICOMRA), Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA) y a la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), entidades que intentan frenar el proyecto. De la reunión, comandada por Ernesto Sanz (UCR), participó Jenefes.

Norberto Capellán, presidente de CICOMRA, destacó que “muchos de los senadores sienten que este es un proyecto inadecuado, incluso legisladores oficialistas que ven el impacto de la ley en sus provincias. En este contexto, apuntamos a un debate que genere un beneficio válido para una region sin necesidad de penalizar al resto”.

El representante de CICOMRA le comentó a lanacion.com que hoy mostraron una nueva carta a los senadores. Las operadoras estarían dispuestas a analizar una alternativa al proyecto y proponer la compra de una cantidad determinada de teléfonos móviles que se ensamblan en Tierra del Fuego, con el fin de que saquen los celulares del proyecto. En 2008, estas compañías compraron entre 100.000 y 200.000 equipos. Este año el número bajó y podría subir de la mano de esta propuesta.

Su tratamiento fue postergado el pasado miércoles 19 de agosto , al no alcanzar la mayoría de ocho avales dentro de los quince miembros de la comisión, como lo estipula el reglamento. En dicha ocasión, el proyecto de ley contó con el apoyo del presidente de la comisión Ríos , Mayans, Pampuro y Calcagno (Buenos Aires), Parrilli (Neuquén) y Osuna (Entre Ríos).

Se abstuvieron de dar su aval el vicepresidente de la comisión y radical Ernesto Sanz (Mendoza), sus correligionarios Gerardo Morales, Pablo Verani (Río Negro), Roy Nikisch (Chaco), María Eugenia Estenssoro de Coalición Cívica (Capital Federal), el justicialista disidente Juan Carlos Romero y la tucumana Delia Pinchetti.

“La ‘industria’ en la provincia fueguina en realidad son 5 empresas que ensamblan productos porque no están en condiciones de producir y competir con el mercado asiático, donde se fabrican casi la totalidad de las piezas. Básicamente lo que sucede es que llega un producto, se le cambia la caja y se lo marca con un precio superior. Para terminar con esto, se necesitan medidas que vayan más allá de otorgar dinero a ciegas. Hoy el oficialismo no consiguió el quórum necesario para debatir el tema pero seguramente lo logrará el próximo jueves. Todavía podemos movilizarnos para evitar que algunos miserables nos contagien esta condición”, disparó Esteban Bullrich, diputado del PRO en un comunicado.
Fuente: Diario La Nacion.

Un día de estos deberemos pensar seriamente cuáles son los límites del Estado en sus facultades de expoliación. En esto, más allá de cuál sea el gobierno y cuál la oposición, siempre pasa lo mismo: en lugar de discutir si es aceptable incrementar los impuestos, los políticos de todo el mundo sólo se preguntan como repartirlos.

Aumentar los impuestos a los bienes tecnológicos es una muy mala decisión. Esta nota no tiene por objeto quedarse en la mera queja inconducente. La idea es profundizar un poco en lo institucional, o en la falta de ello, como causa necesaria para la existencia de excesivas y, por ello, irritantes discrecionalidades por parte de los representantes del pueblo.

Declarar “suntuarios” a los bienes tecnológicos es doblemente grave. Por un lado, implica una estigmatización colectivista, en tanto y en cuanto permite separar a los buenos (pobre gente sufrida que carece de esos bienes) de los malos (ricos explotadores que utilizan la tecnología como arma de dominación de las clases más necesitadas). Por otro lado, aparece como justificación suficiente para encarecer dichos bienes artificialmente, disfrazando la expoliación de acto patriótico.

Hace a la salud de la democracia republicana que los representantes no legislen de espaldas a sus representados. Sería bueno también que los dirigentes políticos empiecen a analizar la manera de dejar de esquilmar a la población, en lugar de discutir cómo se reparten el botín.

Es evidente que si llegara a aprobarse definitivamente la iniciativa, las consecuencias serán negativas en muchos aspectos. Menciono algunas a título ejemplificativo: desincentivo a la innovación tecnológica; pérdida o, cuando menos, menor generación de puestos de trabajo en el sector tecnológico y en la cadena de valor relacionada con el mismo; aumento de costos para las empresas que, atento que se trata de impuestos indirectos, los trasladarán seguramente al consumidor final; menor informatización en general; mayores dificultades para que las PyMES puedan incorporar nuevas tecnologías.

El objetivo del Estado debiera ser tender hacia una disminución de los impuestos regresivos, como el IVA. Este proyecto de ley, como otras decisiones que se vienen tomando en los últimos tiempos, parece apuntar a la dirección contraria. Pocos beneficios para pocos beneficiarios y muchos perjuicios para muchas víctimas, una verdadera insensatez.

Asimismo, agrandaría enormemente la tan preocupante brecha digital. Algo curioso: en la época en que acceder a una línea telefónica era una misión casi imposible, poca gente tenía teléfono y era muy caro. Recuerdo que cuando alguien quería vender una casa o departamento agregaba como dato relevante si tenía o no teléfono. Cuando cualquiera pudo acceder a una línea telefónica, los teléfonos pulularon por todo el país, sobre todo entre las personas de escasos recursos.

Hoy en día pasa algo similar con los celulares. Cualquiera tiene uno. Y muchísima gente lo usa para trabajar. No hablo sólo de grandes corporaciones. Si quiero vender algo o necesito un medicamento y en la farmacia quedan en llamarme para cuando lo consigan, dejo el número de mi celular. Ahora, si aumentamos la carga impositiva en más del 30% y a eso le agregamos las dificultades generalizadas por las que atraviesa la economía vernácula, ¿quiénes se van a quedar sin celulares?

En fin, si todos los problemas se solucionaran aumentando impuestos, la Argentina no tendría ningún problema. La Constitución Nacional estableció un sistema en virtud del cual los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido y los funcionarios sólo pueden hacer aquello que les está permitido o que es obligatorio. Ésta es una muestra de que las cosas están al revés.

Transitamos un camino en el cual todos los ciudadanos estamos obligados a hacer cualquier esfuerzo exorbitante para mantener una burocracia cada vez más ineficiente, incoherente, errática e inservible. El sistema impositivo debe ser racional y previsible, de lo contrario no sirve.
Fuente: Martín Carranza Torres para Infobae Profesional.