La Cámara de Diputados no tratará este miércoles 20/05 el proyecto para incrementar la carga impositiva aplicada a varios productos electrónicos y de informática, que generaría un aumento en su precio final. La iniciativa no tenía el apoyo de la oposición y tampoco de muchos empresarios más allá del lobby que moviliza el ex funcionario Alejandro Mayoral.
CIUDAD DE BUENOS AIRES, El proyecto de ley del Gobierno que aumenta el gravámen productos eléctricos, electrónicos y de informática, no avanzará por ahora en el Congreso de la Nación.
La iniciativa del Ejecutivo Nacional no será tratada este miércoles 20/05 -tal como se había anunciado-, ya que no cuenta con el apoyo parlamentario necesario, no solamente de los bloques opositores, sino también del propio oficialismo, salvo los fueguinos.
El proyecto también es rechazado por las grandes empresas de informática y comunicaciones, quienes le presentaron al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Gustavo Marconato, su preocupación ante el impuestazo y afirmaron que los precios aumentarían más de 30%, mientras el consumo podría bajar 20%.
Por su parte, la Cámara de Comercio de USA en la República Argentina, sostuvo que la suba de impuestos a productos tecnológicos “provocará pérdida de empleos e imposibilidad de sustituir importaciones, aumento de precios para el consumidor, y del contrabando y el fraude marcario, así como el atraso tecnológico y el mayor consumo energético”.
También rechazaron el proyecto los empresarios de Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines, y la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica).
Si se aprueba la iniciativa:
- Las cámaras digitales aumentarán un 25%.
- El costo de “los celulares subiría cerca de 30%.
- El costo de las notebooks crecerían 34%.
Según denunciaron empresarios del sector, la iniciativa del Ejecutivo Nacional es un impuestazo a la clase media, ya que acumularía carga tributaria a partir de mayores alícuotas de impuestos internos e IVA a productos electrónicos, lo que aumentará los precios de los equipos y los servicios asociados, e incrementará el desempleo, la brecha tecnológica, el contrabando y el fraude.
Con ese panorama, y pesar de tener dictámen de comisión, el oficialismo conducido por el santafesino Agustín Rossi, decidió eliminar del temario la iniciativa y dejarla para después de las elecciones legislativa del próximo 28/06.
El proyecto de ley del Ejecutivo, que ingresó el pasado 08/04 a la Cámara de Diputados, con la firma del genuflexo Jefe de Gabinete, Sergio Massa, y la casi ausente ministro de la Producción, Débora Giorgi, propone aumentar los gravámenes para los grabadores, reproductores y editores de imágenes y sonido en disco, por medio magnético, óptico o óptomagnético.
También a los equipos emisores de Radiodifusión y Televisión, Cámaras de Televisión, Cámaras Fotográficas y Videocámaras.
No se salvan los receptores de Sistema de posicionamiento Global -más conocidos como los GPS-, los monitores, proyectores, televisores y decodificadores, entre otros.
La presidente Cristina de Kirchner intentaba, con esa medida, favorecer a los productos eléctricos y electrónicos armados en Tierra del Fuego, a quienes se premió recientemente mediante un decreto con importantes beneficios impositivos.
Por eso es tan polémico: ¿es real el proceso de sustitución de importaciones que están financiando los consumidores o solamente una ficción que amparan Alejandro Mayoral (titular de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas de Tierra del Fuego) y otros allegados a los armadores en Tierra del Fuego? Porque siempre es positivo un proceso eficiente de sustitución de importaciones y bienvenido el desarrollo tecnológico propio pero es diferente montar una protección exagerada para quienes importan kits de partes en la economía globalizada.
El tema es motivo, en verdad, de un considerable debate en la Unión Industrial Argentina desde que el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, exigió no cerrar la economía en la crisis, y el lobby del proteccionismo ineficiente decidió cuestionar al ejecutivo ítalo-argentino.
Desde el Gobierno dicen que “importa incorporar al objeto del gravámen que nos ocupa, determinados productos suntuarios, de forma tal que quienes más poseen colaboren en mayor medida en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético, de manera tal de incentivar el uso racional de la energía, en consonancia con las políticas vigentes a nivel nacional e internacional”.
En tal sentido, se recuerda que “los impuestos internos son gravámenes selectivos al consumo, que alcanzan a determinadas transacciones de bienes y servicios y que si bien no se descarta la importancia recaudatoria de este tipo de imposición, su implementación, muchas veces responde a finalidades extrafiscales, ya sea parte atemperar la regresividad que caracteriza a los impuestos generales al consumo”.
A partir de la ahora demorada legislación impositiva, desde una plancha hasta a una notebook escalaban a la categoría de objetos “suntuosos”, y por lo tanto pasible de gravámenes especiales, para que “los que más tienen ayuden a paliar la crisis financiera internacional”, según los fundamentos del proyecto de Poder Ejecutivo, que se repiten en más de una ley.
Una ridiculez de Alejandro Mayoral y su gente que colaboró en la redacción del proyecto que obliga a recordar cuando se aplicaron los exagerados impuestos que todavía gravan a los automóviles 0 Km. cuando se consideraba al automóvil un objeto suntuario cuando, en verdad, se vive en una civilización organizada en torno al vehículo a motor.
¿Cómo considerar a una computadora un objeto suntuario cuando hace a la organización socioeconómico-cultural del siglo 21?
Que Alejandro Mayoral permanezca con los criterios del siglo 20 es una decisión de Mayoral y sus intereses (o los de Sergio Massa o los de Débora Giorgi) pero no permite una visión realista de la nueva centuria en curso.
¿Cómo queda Alejandro Mayoral, titular de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas de Tierra del Fuego (Afarte), herederos de Koner-Salgado, impulsores del proyecto que defiende el armado de kits importados con el argumento que hay que darle trabajo a los fueguinos?
Y… queda mal. En especial cuando 
Mayoral había hablado con el periodista Sebastián Premici, del paraestatal matutino Página/12, porque esperaban la reunión en Diputados del miércoles 20/05.
El diálogo entre el lobbyista (mal llamado ‘desarrollista’ como si el desarrollo dependiera de un incompleto o falso proceso de sustitución de importaciones que no repara en costos ni parámetros de eficiencia) y el periodista oficialista había sido el siguiente:
–¿Por qué el Gobierno decidió impulsar este proyecto de ley?
–La promoción industrial en Tierra del Fuego (vigente a partir de la ley 19.460) fue perdiendo competitividad frente a Manaos, la maquila mexicana o las importaciones del Asia Pacífico. El gobierno de Domingo Cavallo (en su período menemista) dispuso la suba de los Impuestos Internos de los productos que salían de la isla. Que un país quiera tener una industria electrónica es parte de una decisión política, pero para que ésta se consolide deben existir condiciones de promoción, como ocurre en Brasil. Cuando se hizo la negociación del Mercosur se determinó que podían existir dos zonas especiales dentro del bloque económico, una era Manaos y la otra era Tierra del Fuego. Por lo tanto, la promoción industrial de la isla está protegida por los tratados internacionales del Mercosur.
–El proyecto del Ejecutivo habla de “productos suntuarios”, donde entran las cámaras digitales, celulares y notebooks. ¿Por qué se hizo referencia a los productos suntuarios en vez de mencionar la defensa de la industria nacional?
–Hay productos que están metidos dentro del proyecto que efectivamente son suntuarios, como una cámara digital. La palabra “suntuario” tiene una caracterización negativa pero corresponde a productos que son consumidos por los sectores de alto poder adquisitivo. Para tener un instrumento válido de efecto arancelario que compense los beneficios que tenían los importadores, hay que aplicar impuestos internos. La notebook no es un producto suntuario, es una herramienta de trabajo para personas de ingresos altos. Ahora, ¿con qué impuesto las grava? Como ya existe una ley de Impuestos Internos, es más fácil incluirlas ahí que inventar otro gravamen.
–¿Quiénes son los que más se oponen a este proyecto?
–Están los importadores (que operan a través de mayoristas de informática y electrodomésticos) y los ensambladores. Las PC de escritorio no estarán afectadas. Dentro de las empresas que venden notebooks, hay algunas que ensamblan los componentes en el continente pero el grueso de las máquinas son importadas. Para aquellos industriales que se dedican a la fabricación nacional, tranquilamente podrían instalarse en Tierra del Fuego. No hay ningún problema.
–¿Quiénes tienen la capacidad de fabricar notebooks?
–Los productores de Tierra del Fuego podrían abastecer todo el mercado interno en 90 días. Existe todo un proceso de integración de componentes ya montado que podría ponerse a disposición de este mercado. Una de las empresas radicadas es BGH, que inaugurará su fábrica en julio. También está Newsan, Phillips, entre otras. En cuanto a las cámaras digitales, todavía no hay ningún fabricante local.
–El secretario de Industria de Tierra del Fuego señaló a este diario que Newsan ya tenía un pre acuerdo con Hewelt Packard. ¿Será la principal beneficiada?
–Es una posibilidad. Pretendemos que los fabricantes locales acuerden con las grandes marcas o que directamente se creen marcas nacionales. También los ensambladores del continente podrían instalarse en Tierra del Fuego. A los importadores no les interesa para nada la fabricación nacional.
–¿Por qué el Estado no planifica la promoción industrial de productos electrónicos en diferentes provincias, en vez de concentrar todo en una?
–Los clusters que están radicados en la isla pueden ser más beneficiosos que un montón de empresas diseminadas. En Tierra del Fuego ya están instaladas las fábricas, no hay que inventarlas.
Fuente: Urgente24.com
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